Durante las negociaciones comerciales con México, la Administración Trump ha planteado la implementación de aranceles externos comunes sobre el acero en toda la región del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta propuesta busca replicar el modelo aplicado en el sector automotriz, donde Estados Unidos y Canadá mantienen un arancel del 100 por ciento sobre vehículos eléctricos importados de terceros países, mientras México solo puede aplicar un 50 por ciento debido a sus compromisos con la Organización Mundial de Comercio bajo el régimen de Nación Más Favorecida. En respuesta, México ha solicitado que Washington reduzca su arancel de 50 por ciento sobre acero y aluminio, que actualmente se aplica de manera global. Aunque esta tarifa aparenta ser equitativa, afecta desproporcionadamente a México y Canadá por su proximidad geográfica. El Instituto Americano del Hierro y el Acero recomendó al representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, establecer este arancel externo común para contrarrestar el exceso de capacidad mundial y prevenir prácticas como el transbordo y la evasión arancelaria. Los expertos advierten sobre una paradoja: aunque estos aranceles generan ganancias inmediatas para Estados Unidos, debilitan la estructura competitiva de toda la región norteamericana. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía mexicano que participó en las negociaciones originales del tratado, ha señalado que una prioridad fundamental es que México preserve su soberanía en materia de política comercial. Aunque Guajardo aprobaría una unión aduanera formal, advierte que el Congreso estadounidense actualmente no muestra disposición para respaldar una medida de esa magnitud.
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