La agencia calificadora HR Ratings redujo la clasificación de la deuda soberana mexicana de BBB+ a BBB, reflejando preocupaciones sobre el balance fiscal del país y la rigidez en el gasto público. Este cambio incrementará la prima de riesgo nacional, elevando los costos de financiamiento tanto para el gobierno como para empresas mexicanas en mercados internacionales. La consecuencia directa será destinar más recursos presupuestarios al pago de intereses, limitando la inversión en infraestructura y proyectos productivos que la nación requiere urgentemente. A pesar de estas alertas, indicadores de actividad económica muestran comportamientos mixtos. El Indicador Global de la Actividad Económica mejoró desde una contracción de 0.9 por ciento mensual en enero hasta un crecimiento de 0.8 por ciento en julio, impulsado por los sectores de servicios y construcción. El Banco de México ajustó al alza su proyección de crecimiento del PIB a 1.5 por ciento para 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional también elevó su estimación a 1.5 por ciento, considerando impulsos desde la demanda estadounidense en infraestructura tecnológica. Las autoridades planean reactivar la banca de desarrollo mediante Nafin y Bancomext con tasas competitivas para micro y pequeñas empresas, junto con incentivos para inversión privada a través de depreciación acelerada de activos. En comercio exterior, persisten fricciones con Estados Unidos, especialmente por el ingreso de vehículos asiáticos. El gobierno respondió restringiendo exenciones arancelarias exclusivamente a empresas automotrices con plantas ensambladoras operativas previamente.
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