La diputación permanente del Congreso español ha dado luz verde este jueves a un decreto-ley que suspenderá los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2030 y adoptará medidas restrictivas contra los fondos de inversión inmobiliarios, conocidos coloquialmente como fondos buitre. Esta aprobación llegó apenas un día después de que España viviera su primera huelga general desde 2012, concentrada en reivindicaciones sobre acceso a vivienda asequible y poder de compra. La votación en este órgano especial de 69 miembros resultó sumamente cerrada, con 35 votos a favor y 34 en contra del primer texto legislativo. Sin embargo, una segunda propuesta que habría renovado automáticamente los contratos de alquiler fue rechazada con idéntica cercanía, al recibir 34 apoyos frente a 35 votos negativos, principalmente por la oposición de sectores propietarios. Las manifestaciones de ayer movilizaron a decenas de miles de ciudadanos en las principales urbes españolas. La capital acogió 120 mil manifestantes, mientras que Barcelona congregó 55 mil personas, registrándose algunos disturbios menores al cierre de ambas movilizaciones. El Partido Popular ha anunciado su intención de derogar estas medidas de protección habitacional si resulta ganador en los comicios previstos para el 29 de noviembre. La vivienda permanece como la preocupación primordial de la población española, pues la mayoría de hogares destina una porción significativa de sus recursos económicos al pago de alquiler o hipoteca, en un contexto de inflación que se situó en 4.9 por ciento durante octubre según datos oficiales. El movimiento de protesta fue desencadenado a finales de septiembre tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que residía en Madrid desde hacía siete décadas y que falleció poco después del lanzamiento de su vivienda.
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