La Cámara de Diputados estudia modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor dirigidas a combatir la publicidad engañosa de propiedades que promocionan “playas privadas” o “acceso exclusivo al mar”, práctica que incrementa precios hasta un 40 por ciento más allá de lo permitido constitucionalmente. Tulum, Punta Mita, Los Cabos y algunas costas de Jalisco figuran como territorios donde este patrón se ha generalizado, según señaló la legisladora de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez. La propuesta otorgaría cinco nuevas competencias a la Procuraduría Federal del Consumidor, incluyendo supervisión continua en internet, plataformas digitales y redes sociales; retiro expedito de anuncios; investigaciones sin necesidad de denuncia formal; un registro semestral de empresas verificadas; y coordinación con Semarnat, la Secretaría de Turismo y administraciones estatales. Según la exposición de motivos, comunidades locales, familias de pescadores y grupos ambientalistas han documentado durante años el cierre de playas tradicionales mediante cercas y mallas, mientras se mercadotecnia en plataformas virtuales como espacios de acceso restringido. El caso de Bahía de Akumal en Quintana Roo es emblemático, pues desde 2013 establecimientos hoteleros y un centro ecológico clausuraron una vía de acceso público que funcionaba desde hace décadas, conflicto que escaló a procesos legales y sesiones del municipio de Tulum. Tankah y Chemuyil presentan limitaciones similares donde el paso está subordinado al gasto en comercios locales. El ordenamiento constitucional mexicano declara las playas y la franja costera como bienes nacionales, por lo que legalmente no existen playas de propiedad privada. Navarro Pérez enfatizó que la reforma busca permitir inversión responsable sin que se comercialice aquello que la Constitución prohíbe.
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