Tribunal brasileño ordena cierre inmediato de operaciones en principal yacimiento de litio por conflicto con comunidades quilombolas

La justicia brasileña ha tomado una decisión sin precedentes al ordenar la paralización total de las actividades extractivas en el complejo minero Grota do Cirilo, propiedad de Sigma Mineração SA, filial de la empresa canadiense Sigma Lithium Corp. La medida judicial también incluye la revocación de todos los permisos ambientales otorgados para el proyecto. Esta acción responde a una demanda presentada por la Federación de Comunidades Quilombolas del Estado de Minas Gerais, quienes cuestionan las afirmaciones de la compañía respecto a la distancia de seguridad entre las operaciones mineras y las tierras ancestrales de la comunidad quilombola de Baú. El complejo de Grota do Cirilo se localiza en el estratégico Valle del Litio, en Minas Gerais, zona que alberga reservas significativas de este mineral fundamental para la transición energética global. La instalación es reconocida internacionalmente como uno de los mayores depósitos de litio en roca dura del planeta, dotado de una planta de procesamiento integrada en el mismo sitio. En su fallo, el tribunal sostiene que el proyecto minero se encuentra dentro del ��rea de influencia directa de la comunidad de Baú y, por tanto, debe someterse a evaluaciones exhaustivas sobre sus consecuencias en los pueblos quilombolas, comunidades afrobrasileñas con derechos territoriales específicos. Sigma Lithium ha argumentado que sus instalaciones están ubicadas fuera del perímetro de impacto establecido en ocho kilómetros y que todas las autorizaciones cumplen la normativa vigente. La empresa también ha alegado que la ausencia de títulos de propiedad definida sobre las tierras impediría activar los mecanismos específicos de protección para comunidades quilombolas. El juez Antonio Lucio de Oliveira Barbosa rechazó estos argumentos, señalando que el riesgo ambiental y social es evidente dado que el complejo opera continuamente con extracciones, voladuras y movimientos de tierra a solo unos kilómetros del territorio tradicional. Además de la paralización inmediata, el magistrado ha instruido a los organismos ambientales estatales que se abstengan de emitir cualquier nueva licencia o autorización ambiental para la empresa mientras permanezca vigente esta resolución. Esta no es la primera vez que el proyecto enfrenta obstáculos legales. Durante julio del año anterior, la autoridad ambiental regional ya había decretado el embargo temporal de las instalaciones ubicadas en los municipios de Araçuaí e Itinga, tras hallazgos de una inspección regulatoria.