La exjefa edil de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, fue aprehendida durante la noche del jueves 19 de noviembre en territorio capitalino conforme consta en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El acto de aprehensión se ejecutó en la jurisdicción Venustiano Carranza, específicamente en la colonia De la Unión Zapata, quedando la exservidora pública bajo custodia de la Fiscalía General de la República en sus oficinas de Tacubaya, donde registra condición de traslado. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado el tipo de delito que originó su captura ni la institución responsable del operativo. Fuentes no oficiales mencionan que la orden de aprehensión habría emanado de un tribunal de control quintanarroense y que se baraja la posibilidad de trasladarla hacia Playa del Carmen para ponerla a disposición de los organismos estatales. Campos Miranda dirigió los destinos municipales entre 2021 y 2024, siendo candidata de la coalición encabezada por el PAN, y no logró revalidar su mandato en los comicios de junio de 2024 ante Estefanía Mercado. Su aprehensión coincide con la permanencia de procedimientos de auditoría derivados de su administración. Entre los hallazgos se encuentran desviaciones detectadas en la Cuenta Pública de 2024 y cuestionamientos formulados por la Auditoría Superior de la Federación respecto a aproximadamente 88 millones de pesos asociados al manejo de recursos federales destinados a infraestructura en 2023. La exedil interpuso demandas de amparo en contra de resoluciones del órgano fiscalizador municipal, logrando en algunos casos medidas cautelares, aunque estas no resuelven aspectos sustanciales de las irregularidades señaladas. Posteriormente a abandonar el cargo, Campos Miranda se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la responsabilidad de fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo, nombramiento que generó inquietud dada la existencia de procesos abiertos en Quintana Roo. Actualmente, los organismos competentes no han confirmado si esta captura guarda relación directa con dichas investigaciones administrativas o si obedece a otras causas. La detención no prejuzga responsabilidad alguna; Campos Miranda mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no medie resolución judicial definitiva.
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