México implementa reforma integral del sistema catastral y registral con plataformas digitales a partir de 2027

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral entró en vigor el sábado 24 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el viernes anterior. Esta normativa representa una transformación significativa en la gestión de catastros y registros públicos de la propiedad en México, introduciendo sistemas digitalizados y procedimientos armonizados entre los tres niveles de gobierno. La legislación contempla la creación de identificadores únicos para inmuebles, plataformas digitales municipales, y mecanismos de integración de información entre autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo central consiste en fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y modernizar la información territorial disponible. Las innovaciones principales incluyen la Clave Única Catastral, que identificará individualmente cada predio o unidad inmobiliaria registrada en el país. Complementariamente, se implementará una Cédula Única Catastral y Registral que vinculará datos del catastro con los del Registro Público de la Propiedad. Ambas herramientas operarán a través de plataformas digitales municipales y registrales que gestionarán trámites, servicios, pagos electrónicos y notificaciones con validez jurídica completa. El acceso a estos sistemas utilizará Llave MX como mecanismo de autenticación. La Plataforma Catastral Municipal incorporará un módulo específico para la gestión del impuesto predial, aunque la ley no modifica directamente las tasas de este gravamen. Conforme a los artículos transitorios, la implementación debe completarse antes del 31 de diciembre de 2026, siendo el 1 de enero de 2027 la fecha operativa de los nuevos sistemas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dispondrá de 30 días hábiles para emitir lineamientos de implementación, mientras que los congresos estatales contarán con 180 días para ajustes legales. Los gobiernos estatales y municipales tendrán 180 días hábiles para armonizar su normativa con esta reforma.